Protegido por la dirigencia nacional del PAN, Fernando Larrazábal Bretón, candidato del de ese partido a la gubernatura de Nuevo León está en el ojo del huracán por amasar una fortuna que rebasa los mil 200 millones de pesos, los cuales están fuera de toda proporción que lo declarado ante las autoridades fiscales y electorales, pero que además el origen del dinero está siendo investigado por la Unidad de Inteligencia financiera (UIF), a cargo de Santiago Nieto Castillo.
De la mano de Zeferino Salgado Almaguer, de los diputados federales Raúl García Guzmán y Víctor Manuel Pérez Díaz, del ex panista Víctor Fuentes –integrantes de la llamada Santísima Trinidad-, pero sobre todo de Adrián de la Garza, hoy también candidato del PRI a la gubernatura de esa entidad y comparsa del panista, “construyeron un dique” y desarrollaron una estrategia para doblar, por segunda ocasión, a la dirigencia nacional del PAN a cargo de Marko Cortés y ungir como candidato del albiazul a Larrazábal para ir juntos y apoderarse de las decisiones de Nuevo León.
La dirigencia nacional del PAN había sido advertida por parte de los empresarios del llamado Grupo de los 10 que la postulación del Larrazábal Bretón sería un gran error para el estado y para el panismo local, sin embargo, la dirigencia panista desestimó los intentos por poner a un candidato panista que o tuviera los antecedentes de corrupción y de extorsión.
Según información periodística difundida ayer por el periódico El Norte de Monterey, reveló que el panista Fernando Larrazábal y el priista Adrián de la Garza son adversarios en la contienda por la Gubernatura, “pero en el terreno de los negocios no hay rivalidad y el albiazul realiza operaciones inmobiliarias con una empresa vinculada a Filiberto de la Garza, hermano del aspirante tricolor”.
Según la nota principal del diario regiomontano revela que documentos en su poder dan cuenta que el 8 de octubre de 2020, Larrazábal adquirió en 32 millones de pesos, junto con dos empresas, cuatro porciones de terreno de más de 13 mil metros cuadrados en la zona de La Estanzuela, en el Sur de Monterrey.
Delincuente de cuello azul y tricolor
Sin embargo, la vinculación de Larrazábal con temas de corrupción se remonta al 7 de diciembre de 2001, época en que el actual candidato del PAN iniciaba su segundo año de gobierno como alcalde de San Nicolás de los Garza, en Nuevo León.
En esa fecha, el Comité Administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas (CAPFCE) –dependencia que encabezaría tres años después–, denunció ante la desaparecida Procuraduría General de la República (PGR) a Adrián Laffitte Bretón, primo hermano de Fernando Larrazábal, quien respondía como representante legal de Constructora Labre, de la cual Fernando Larrazábal era socio.
La entonces PGR resolvió el 14 de agosto de 2002, en la averiguación previa 1142/RS/2001, el no ejercicio de la acción penal por prescripción del delito; las influencias de Adrián y su protección abarcaban desde Reyes Silvestre Tamez Guerra, hasta el entonces presidente Vicente Fox Quesada, y posteriormente, cobijado por el también panista Felipe de Jesús Calderón Hinojosa ya como presidente de la República, le permitieron eludir a la autoridad, peor aún, rendir cuentas de las acusaciones en su contra.
Fernando Larrazábal obtuvo un amparo que frustró la intención del Tribunal Contencioso de lo Administrativo y la Contaduría Mayor de Hacienda para revisar la cuenta pública de la gestión que desempeñó como alcalde de San Nicolás de los Garza por presuntas irregularidades con facturas falsas que ascendían a 4 millones y medio de pesos.
A la llegada de Vicente Fox Quesada a la presidencia de la República, en 2000, y de la mano de Tamez Guerra, quien ocupó la Secretaría de Educación Pública, lo nombraron director de CAPFCE dándole el encargo de construir la Biblioteca José Vasconcelos, trasladándose a la Ciudad de México como su centro de operaciones.
La habilidad en el manejo y desvío de los recursos públicos que caracteriza a Larrazábal Bretón le permitió en ese momento urdir un plan para que la faraónica obra de la Biblioteca Vasconcelos se tradujera en un beneficio económico para quienes participaron en ese proyecto. Se perfilaba ya como una “pequeña” hermandad que institucionalizaría los llamados “moches” dentro del Partido Acción Nacional.
Los visos de corrupción y desvíos de recursos dentro de Acción Nacional se venían haciendo visibles desde el año 2000 con la llegada de los hermanos Manuel y Jorge Alberto Bibriesca Sahagún, hijos de Martha Sahagún Jiménez, esposa del entonces mandatario de México y la no Primera Dama.
La estridencia y excentricidad de la figura de Fox Quesada lo llevaron a desarrollar proyectos faraónicos que lejos de beneficiar o deslumbrar a los ciudadanos, se ponían en el ojo del huracán y bajo el escrutinio de los partidos políticos de oposición, que auguraron un grave quebranto a las finanzas del país por la construcción de la biblioteca, entre otras obras.
Según datos oficiales, las primeras estimaciones del opulento proyecto comenzaron «de una apreciación inicial de novecientos millones de pesos, que pasó después a un cálculo de mil 300 millones, que con el paso de los meses se fue incrementando en más del cincuenta por ciento hasta sumar más de dos mil millones de pesos».
Las obras preliminares se iniciaron en febrero de 2004, el recinto fue inaugurado en mayo de 2006, y menos de un año después, en marzo de 2007, tuvo que ser cerrado por un periodo de 20 meses por fallas en su construcción, incluidas filtraciones de agua, hasta que la biblioteca fue reabierta en diciembre de 2008.

Pese a ello, logró obtener la presidencia municipal de Monterrey en contra de las acusaciones de otros panistas que aseguraban que estaba financiado por el llamado Rey de los Casinos: Juan José Rojas Cardona. De la misma manera fue acusado de tener cuentas no declaradas en el extranjero por varios millones, incluso se llegaron a exhibir diversos documentos que lo comprometían.
Inmune e impune
Más allá de las acusaciones de corrupción y extorsión que existen en su contra, Fernando Larrazábal se erigió como un monumento a la impunidad tras el incendio del Casino Royale en agosto de 2011 perpetrado por un comando armado perteneciente al grupo criminal de Los Zetas, en el que perdieron la vida 52 personas y en el que se evidenció a través de videos difundidos por el propio diario El Norte, en el que se ve a Jonás Larrazábal, hermano del entonces presidente Municipal de Monterrey, recibiendo fajos de billetes de empresarios presuntamente por el pago de extorsiones.
A casi 10 años de distancia, y con tres expedientes abiertos en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Larrazábal Breton sigue impune, pero ahora se le suma una investigación por parte de la UIF de enriquecimiento ilícito.

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